Opinión del Dr. Jorge Alonso Sánchez

Una frustrada participación en el Parlamento Abierto que había aprobado la Comisión de Ciencia en el Senado y que se impidió.
 

Opinión del Dr. Jorge Alonso Sánchez, Galardonado Tenamaztle 2023 y Profesor Investigador Emérito del CIESAS Occidente.

Se había señalado que la iniciativa presidencial en torno a la ciencia era bipolar. Lo aprobado por la Cámara de Diputados y la confirmación que amañadamente hizo el partido oficialista en el ámbito del Senado confirmó ese carácter. Por una parte se encuentran declaraciones generales, loables y avanzadas. Alabamos que se establezca el derecho humano a la ciencia. También hay pronunciamientos generales en torno a  la libertad de investigación y de cátedra. Se exhorta a las y los investigadores a manifestar sus opiniones respecto de la institución en que se desempeñan y los proyectos en los que participan, a discutir ideas de manera libre e informada. Plantea dos vertientes en la investigación. La primera es la investigación en ciencia básica y de frontera que abarca todas las áreas de saber y la que busca incrementar el conocimiento. La segunda es la que está orientada a dignosticar, prospectar y proponer a las autoridades acciones y medidas para la prevención, atención y solución de problemáticas nacionales. Se plantea que la política pública deberá promover todas las formas de conocimiento, por lo que propiciará la pluralidad epistémica, reconociendo la diversidad y el valor de los conocimientos tradicionales, así como el uso de categorías propias, sus formas de producirlas y sus múltiples utilidades sociales, pues de esta manera se salvaguardará el conocimiento generado por los pueblos y comunidades indígenas, afromexicanos y campesinos. Se dice que se realizará una definición democrática de la Agenda Nacional para atender y afrontar las necesidades, problemáticas y retos contemporáneos de la sociedad mexicana. Esa definición tendrá que hacerse por medio de la participación de la comunidad a nivel local, regional y nacional, así como al interior de las universidades, instituciones de educación superior y centros de investigación. Se le añadió que se promueva en el desarrollo tecnológico e innovación en que participen municipios, pueblos y comunidades (indígenas, afroamericanas y campesinas) sea con pleno respeto a su libre determinación y autonomía. Se habla de distribución equitativa y proporcional de los recursos públicos destinados a apoyar la investigación, así como su uso óptimo y transparente; también del mantenimiento y mejoramiento continuo de la infraestructura y los equipamientos indispensables para la investigación.
 

Pero, fuera de lo retórico  y de un nominalismo esencialista que considera que poniendo palabras se resuelven los problemas, no hay un aterrizaje congruente de cómo se conseguirá en los hechos todo esto; cómo se realizará la participación de la comunidad democráticamente en la construcción de la agenda nacional. Hay declaraciones y promesas sin elementos que las traduzcan en acciones.  Por otra parte, existen muchos puntos establecidos que indican un control gubernamental, un verticalismo y posiciones excluyentes que no garantizan, sino disminuyen el ejercicio de derechos. Se invita a investigar y divulgar con un dinamismo muy democrático. No obstante,  este ímpetu se contradice por  las estructuras que sí se proponen y  que no son afines a las proclamas generales sin aterrizaje. No puede haber plena libertad de investigación ni de docencia si se llega a demandar una obediencia burócrata a lo que pueda imponer la cabeza de sector. El proceder horizontal y colegiado propio del espíritu científico es contrario a la generación de decisiones verticales de las burocracias. Se especifica que las y los investigadores de los CPI deben observar los principios que sigen el servicio público donde se encuentra  la disciplina y la estructuración jeráquica. [1] Se desechó la propuesta de la iniciativa de Romero Hicks en donde se establecía que los investigadores y administrativos de los CPI tuvieran pertenencia al apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos conforme a las caractéristicas propias de un TRABAJO ESPECIAL, de manera que concordaran con la autonomía y las libertades de cátedra, investigación y docencia. Habría que tener en cuenta que libertad de investigación tiene que ver con autodeterminación y no dependencia.

Otra cuestión muy preocupante es que hay una estructura del Consejo Nacional donde las voces externas no están establecidas sino dejadas al arbitrio de quienes las inviten. [2]Se habla de libertad de investigación, pero pudieran priviliegarse ciertas temáticas en detrimento de otras. Se plantea con mucho énfasis la doble vía: ciencia básica y ciencia aplicada. Pero el modelo operativo privilegia  la segunda pues las temáticas se deciden desde arriba y se margina la primera. Otra cuestión tiene que ver con la tendencia a la unificación y estandarización,  las cuales no necesariamente redundan en beneficio, sino que suelen limitar la riqueza de lo plural. Puede haber muy buena convergencia de muchos diferentes y no una imposición de un solo modelo.  

Parecería buena la determinación de que el monto anual que se destine a la investigación no sea inferior a lo aprobado en el ejercicio anterior, pero esto quedaría expuesto a los detrimentos inflacionarios y la ciencia no tendría una meta definida por alcanzar.

Habría que impulsar una ciencia no mercantil, ni estatal, sino societal. La relación entre ciencia y política es algo muy complejo y problemático. La ciencia tendría que estar al servicio de la sociedad. La ciencia necesita apoyo económico que no esté condicionado por parte del Estado a realizar sus dictados, pues los recursos estatales que provienen del conjunto social tienen que ponerse al servicio de ese conjunto. Si gira alrededor de las necesidades de la gente, la ciencia avanza, y sus resultados son benéficos para la sociedad. La relación entre la ciencia y la sociedad deben respetar la libertad y la autonomía científica. La ciencia tiene que servir a las problemáticas vitales de la humanidad y respetar con sumo cuidado el bienestar del planeta.

Hubiéramos esperado que las senadoras y senadores puedieran corregir las deficiencias de la propuesta que les llegó, la cual  es progresista en lo declarativo, pero recesiva en lo operativo.